Una investigación sobre los daños ambientales, sociales y económicos de la minería extractiva en República Dominicana. Ríos contaminados, comunidades desplazadas, ecosistemas destruidos.
La minería a cielo abierto implica la remoción de enormes cantidades de tierra y roca superficial para acceder a los minerales que yacen debajo. En la práctica, significa demoler montañas enteras, desviar ríos y transformar ecosistemas complejos en cráteres.
En República Dominicana, esta modalidad es la predominante en la extracción de oro, plata y níquel — los tres minerales que las multinacionales canadienses, suizas y norteamericanas extraen principalmente en las provincias de Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y La Vega.
"Si alguien no nos cree, que vaya al río y lave sus pies en esa agua y nos diga qué pasa."
Residente de Cotuí, comunidad afectada por Barrick GoldEl proceso más usado para extraer oro de la roca es la lixiviación con cianuro: el mineral es triturado hasta convertirse en polvo, y ese polvo es bañado con cianuro para separar el oro. Los residuos — llamados relaves — son almacenados en presas artificiales que, si fallan, pueden contaminar toda una cuenca hidrográfica.
La minería de níquel, como la de Falcondo en Bonao, utiliza un proceso pirometalúrgico (con fuego), pero deja pasivos ambientales igualmente devastadores en las montañas que explota, desnudando ecosistemas completos sin recuperarlos adecuadamente.
Se talan bosques y se remueven capas de suelo para acceder al mineral. Se producen explosiones masivas que fragmentan la roca.
La roca extraída es triturada en polvo fino que luego es procesado con sustancias químicas para separar el metal.
El polvo de roca es bañado con cianuro para separar el oro. Se producen millones de litros de agua contaminada.
Los residuos líquidos y sólidos son almacenados en presas artificiales que pueden colapsar y contaminar ríos durante siglos.
La empresa canadiense Falconbridge inicia exploración en Bonao. En 1972, la planta de ferroníquel arranca operaciones en Loma La Peguera, marcando el inicio de décadas de extracción intensiva de níquel en Monseñor Nouel.
La empresa estatal dominicana opera la mina de Pueblo Viejo en Cotuí. Las operaciones dejan pasivos ambientales significativos: suelos contaminados, aguas ácidas y ecosistemas degradados que requerirán décadas de remediación.
Barrick adquiere Placer Dome y con ello el 60% de Pueblo Viejo. Xstrata adquiere Falconbridge. Se inicia la era de las grandes multinacionales canadienses. La inversión de US$4,000 millones convierte a Pueblo Viejo en la mayor inversión extranjera directa del país.
Con producción de 1 millón de oz. de oro al año, también llegan las denuncias: contaminación del río Margajita, del embalse de Hatillo, presencia de metales pesados en sangre de residentes, y represión de líderes comunitarios.
La Academia de Ciencias advierte que explotar Loma Miranda destruiría 98 de las 201 plantas endémicas de RD que habitan allí, y afectaría a 420,000 personas vinculadas a la agricultura en 8 provincias.
Un estudio médico revela altos niveles de cianuro, plomo, azufre y zinc en sangre de residentes de cuatro comunidades cercanas a Pueblo Viejo. El gobierno dominicano censura el informe completo.
Una coalición internacional de organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y productores de joyería exige a Barrick Gold detener su plan de expansión, que incluye una nueva presa de relaves en la zona de Naranjo.
Falcondo paraliza operaciones sin plan claro de cierre ni remediación. GoldQuest enfrenta protestas masivas en San Juan, donde comunidades rechazan la minería y exigen apoyo a la agricultura.
Todas son empresas extranjeras — mayoritariamente canadienses — operando en territorio dominicano bajo contratos especiales que la Contraloría y organizaciones civiles han calificado de opcos, desiguales y carentes de transparencia.
La mina más grande del hemisferio occidental fuera de Sudamérica. Produce ~1 millón de oz. de oro/año usando 24,000 ton. de mineral/día y cantidades industriales de cianuro. Las comunidades vecinas del río Maguaca y Margajita reportan piel, problemas respiratorios y muerte de animales desde el inicio de operaciones.
Más de 50 años de extracción de níquel en la cordillera central. Lomas La Peguera, Ortega, Fraser, Caribe y Taína han sido completamente degradadas. Intentó explotar Loma Miranda — la "madre de las aguas" de 8 provincias — pero fue bloqueada por protestas masivas y la negativa del Ministerio de Medio Ambiente.
Empresa canadiense en fase de exploración avanzada en la zona norte del país. Su proyecto Canasí ha levantado preocupaciones sobre impacto en acuíferos fronterizos y comunidades rurales de baja capacidad de respuesta institucional.
Su proyecto Romero en San Juan desató en 2023 una de las protestas más masivas de los últimos años. Agricultores, organizaciones civiles y el clero se opusieron frontalmente. La provincia, históricamente agrícola, rechaza el modelo extractivo y exige que el gobierno apoye la agricultura en lugar de la minería.
El Ministerio de Medio Ambiente determinó que el río Margajita, aguas abajo de la mina Pueblo Viejo, presenta niveles de acidez y contaminantes que exceden los límites legales dominicanos. La Academia de Ciencias concluyó en 2012 que la mina había contaminado el embalse de Hatillo.
Nadie en Cotuí se atreve a tocar el agua del río Maguaca. Las comunidades reciben agua potable en camiones — primero los proveyó Barrick Gold, luego quedó a cargo de la provincia — una dependencia que revela la magnitud del daño causado.
Drenaje ácido de mina (DAM): Cuando las rocas sulfurosas quedan expuestas al aire y la lluvia, reaccionan produciendo ácido sulfúrico. Este proceso puede continuar durante siglos después del cierre de la mina, contaminando continuamente aguas superficiales y subterráneas.
Loma Miranda es uno de los ecosistemas más biodiversos del Caribe. La Academia de Ciencias de República Dominicana documentó que su explotación por Falcondo habría destruido 98 de las 201 plantas endémicas del país que viven allí.
Más de 50 ríos nacen en sus alturas. Su destrucción habría afectado las cuencas que irrigan las provincias de Salcedo, San Francisco de Macorís, Samaná y La Vega — las zonas arroceras más importantes del país — afectando a 420,000 personas.
Fue la movilización popular — no el gobierno — la que frenó esa destrucción. El Ministerio de Medio Ambiente negó la licencia ambiental al considerar que el estudio de impacto presentado por Falcondo era insuficiente.
Lomas La Peguera, Ortega y Pontón han sido completamente desnudadas por décadas de explotación de Falcondo. Pocas señales de recuperación décadas después del fin de operaciones.
Las reacciones químicas en las rocas expuestas continúan produciendo drenaje ácido que contamina ríos y aguas subterráneas indefinidamente, incluso décadas después del cierre.
La acidificación y contaminación química de ríos elimina la fauna acuática. Peces, crustáceos y anfibios desaparecen de ecosistemas que alguna vez fueron productivos.
Las operaciones de trituración y movimiento de mineral generan polvo fino cargado de metales pesados que se deposita en suelos, fuentes de agua y los pulmones de las comunidades vecinas.
Las presas que contienen los residuos tóxicos de la extracción representan un riesgo permanente de colapso. Sin plan adecuado de monitoreo post-cierre, el riesgo permanece para siempre.
La remoción de la capa vegetal genera erosión severa. Los suelos tropicales, una vez expuestos, pierden su estructura y no pueden recuperar la vegetación original en plazos humanos.
Las organizaciones de salud ambiental documentan un patrón claro en las comunidades mineras dominicanas: aumento de enfermedades respiratorias, problemas dermatológicos, y sospecha de incremento en tasas de cáncer.
Jan Morrill, directora de campaña de Earthworks, señala que estas patologías son comunes en comunidades junto a minas, causadas por metales pesados y químicos como arsénico, mercurio y plomo — pero son difíciles de diagnosticar porque las comunidades carecen de acceso a salud y a pruebas de calidad del agua.
Los metales pesados presentes en el agua y el polvo de las zonas mineras se absorben a través de la respiración, la piel y la ingesta de agua contaminada. Una vez en el cuerpo, se acumulan en órganos vitales y en los huesos, causando daños neurológicos, renales y cancerígenos.
El polvo de sílice y metales pesados generado por la trituración y el movimiento de mineral produce silicosis, asma y otras enfermedades pulmonares crónicas en trabajadores y residentes cercanos.
Plomo, arsénico, mercurio y zinc detectados en sangre y orina de residentes de Cotuí. El plomo daña el sistema nervioso de los niños de forma irreversible. El arsénico es cancerígeno confirmado.
Comunidades que antes bebían y cocinaban con agua del río ahora dependen de suministro externo. El Ministerio confirmó que el río Margajita supera límites legales de contaminación aguas abajo de Pueblo Viejo.
La narrativa oficial presenta la minería como motor de desarrollo. Los números cuentan una historia más compleja. En 2013, las exportaciones de oro, plata y níquel sumaron US$1,400 millones, equivalentes al 15% del PIB. Sin embargo, la mayor parte de ese valor sale del país hacia los accionistas de Barrick, Goldcorp y Xstrata.
El modelo de los "contratos especiales" dominicanos ha sido criticado por su falta de transparencia y por diferir significativamente en condiciones tributarias y ambientales entre empresas, dificultando la supervisión estatal.
"La minería, en más de 50 años, ha provocado grandes pasivos ambientales sin un impacto real en el bienestar de las comunidades. En el mejor de los casos, genera dependencia económica, debilitando otros sectores productivos."
Editorial — El Día, mayo 2026Los minerales son finitos. Una vez agotados, la empresa se va. Lo que queda: pasivos ambientales, comunidades sin empleo alternativo, y suelos que no pueden volver a producir alimentos.
Falcondo en declive deja a Bonao —donde el 60-70% de la economía depende de la empresa— en situación de crisis sin alternativas desarrolladas. La dependencia creada es una trampa.
La remediación ambiental de una mina puede costar más de lo que generó en toda su vida útil. Estos costos raramente son pagados por las empresas — quedan para el Estado y las comunidades.
Los desastres mineros internacionales ofrecen un espejo doloroso de lo que ocurre cuando las presas de relaves fallan, cuando la regulación es débil, y cuando las empresas priorizan la producción sobre la seguridad.
muertos directos. La ruptura de la presa de relaves de Fundão liberó 62 millones de m³ de lodo tóxico que arrasó la ciudad de Mariana y viajó 650 km hasta el océano Atlántico. Considerado el mayor desastre ambiental de Brasil hasta ese momento.
muertos y desaparecidos. La presa Córrego do Feijão colapsó sin previo aviso, sepultando trabajadores y comunidades. Fue el accidente industrial más mortífero en Brasil en décadas. La estructura había sido certificada como "estable" meses antes.
de relaves tóxicos vertidos al río Boac desde un drenaje roto. El río fue declarado muerto. Comunidades pesqueras quedaron sin sustento. La empresa, subsidiaria de Placer Dome — luego adquirida por Barrick Gold — abandonó el país sin remediar completamente.
Cada panel documenta un tipo de daño real causado por la minería extractiva — cráteres abiertos en montañas, ríos teñidos de ácido, presas de relaves tóxicos, y ecosistemas que no volverán a ser lo que eran. Los enlaces llevan a la fuente fotográfica original.
Todos los paneles son ilustraciones infográficas basadas en evidencia real documentada. Cada panel enlaza a la fuente periodística o académica correspondiente. Los datos visualizados provienen de reportes oficiales, estudios científicos y periodismo de investigación verificado.
El presidente Luis Abinader ordena la suspensión total del proyecto Romero de GoldQuest Mining tras protestas masivas en San Juan de la Maguana.
El domingo 3 de mayo de 2026, miles de ciudadanos marcharon más de 20 kilómetros desde San Juan hasta la presa de Sabaneta — la principal fuente de agua agrícola e hidroeléctrica de la provincia — para rechazar el proyecto Romero de la empresa canadiense GoldQuest Mining.
La jornada fue organizada por el Comité Unido por el Rescate del Agua y la Vida y contó con el apoyo de más del 95% de los comercios, centros educativos y empresas de San Juan, que cerraron sus puertas en señal de rechazo.
Los manifestantes portaban carteles con mensajes como: "No queremos aquí lo que pasó en Cotuí" y "El agua es un tesoro que vale más que el oro." La protesta fue dispersada con bombas lacrimógenas y chorros de agua por la Policía Nacional, dejando heridos entre los manifestantes.
"Es una victoria del pueblo. El pueblo habló y qué bueno que el presidente escuchó el clamor popular de que San Juan quiere seguir siendo un valle productor de alimentos, no un distrito minero."
Rubén Moreta, líder social · 5 de mayo de 2026La empresa canadiense comienza a explorar el yacimiento Romero en San Juan. Durante 20 años invierte US$50 millones en exploración sin obtener permiso de explotación.
La sentencia TC0482 del Tribunal Constitucional ordena detener los trabajos en la zona. GoldQuest continúa operando, según denuncias de legisladores locales.
El 27 de abril, San Juan realiza una huelga general con cierre de comercios, marchas y bloqueo de calles. El apoyo supera el 95%. Se queman neumáticos frente a las instalaciones.
Miles de personas caminan 20 kilómetros hasta la presa en el mayor acto de protesta. La policía usa gases lacrimógenos y chorros de agua. Cuatro uniformados resultan heridos en los enfrentamientos.
El presidente anuncia la suspensión de todas las actividades de GoldQuest en el occidente del país. Las acciones de la empresa colapsan más de 55% en bolsa. El pueblo lo celebra como una victoria histórica.
El senador Félix Bautista alerta que GoldQuest no tiene una sola concesión sino 15, abarcando 209 millones de m² incluyendo zonas próximas al Parque Nacional José del Carmen Ramírez. La lucha no ha terminado.
La minería a cielo abierto en República Dominicana ha seguido el patrón histórico de la economía extractiva colonial: recursos que se van, daños que se quedan. Durante décadas, las provincias mineras del país han generado riqueza para accionistas en Canadá, Suiza y Estados Unidos, mientras las comunidades dominicanas heredan ríos muertos, montañas desnudas y cuerpos enfermos.
El argumento económico — el único que los defensores de la minería presentan con coherencia — no soporta un análisis honesto que incluya los costos ambientales, los costos de salud pública, el valor de los ecosistemas destruidos, y el costo de la dependencia creada.
El drenaje ácido, la contaminación por metales pesados y la pérdida de biodiversidad no tienen fechas de resolución. Persisten durante décadas o siglos. Las comunidades cargan con esos costos mucho después de que la empresa se ha ido.
Los contratos especiales con las mineras son opacos. Los estudios de impacto ambiental son elaborados por las propias empresas. Los informes de salud son censurados. Las comunidades afectadas carecen de acceso a información y recursos legales.
La mayor parte del valor generado sale del país. La dependencia económica creada en provincias como Bonao convierte a las comunidades en rehenes de la continuidad de la operación. Cuando la mina cierra, no hay plan B.
Loma Miranda fue salvada por la movilización popular. San Juan dijo no. Cotuí denuncia. La resistencia existe y funciona — pero no debería ser la única barrera entre una multinacional extractiva y un ecosistema irreemplazable.
¿Es aceptable sacrificar ríos, montañas, suelos y salud pública a cambio de ingresos temporales de exportación que en su mayoría no quedan en el territorio? ¿Tiene sentido apostar por un modelo que enriquece a las empresas extranjeras durante 25 años y deja pasivos ambientales que duran siglos?
República Dominicana tiene una alternativa: agricultura sostenible, turismo ecológico, energías renovables. Los mismos ríos y montañas que la minería destruye son precisamente los activos más valiosos para un modelo de desarrollo diferente — uno que sí puede ser permanente.
La tierra no le pertenece a quien la extrae. Le pertenece a quienes van a vivir en ella.
Comunidades
que desaparecen
Las comunidades dominicanas que viven junto a las minas experimentan una paradoja brutal: conviven con una riqueza enorme que no les pertenece, mientras soportan los costos ambientales y de salud de esa extracción.
En Cotuí, familias llevan generaciones viviendo de la agricultura y la pesca en el río Maguaca. Hoy esas actividades son imposibles. El río está muerto. Los campos, contaminados. Y las familias, dependientes del agua que Barrick o el gobierno les provee en camiones.
"No hay nada que podamos hacer más que aceptar lo que nos ha pasado. Nadie nos escucha porque Barrick es más poderosa que nuestro presidente."
Residente de Cotuí, julio 2021 — Jacobin MagazineLa minería también genera dependencia económica local que convierte las comunidades en rehenes. En Bonao, la Cámara de Comercio estimó que el 60-70% de la actividad económica provincial depende de Falcondo. Cuando la empresa para, la provincia paraliza.
Desplazamientos y despojo
Alrededor de 2,000 familias en comunidades cercanas a Pueblo Viejo han sido desplazadas o afectadas por la operación. Los residentes reportan que la mitad del cementerio local fue apropiada por Barrick Gold para construir un centro de capacitación.
Un informe de 2019 sobre las comunidades alrededor de Pueblo Viejo fue censurado por el gobierno dominicano. La información que contenía nunca llegó oficialmente a la población afectada.
La lucha de San Juan
En 2023, el pueblo de San Juan de la Maguana protagonizó una de las más contundentes resistencias antimineras del país. Agricultores, organizaciones civiles y el clero salieron masivamente a las calles para rechazar el proyecto Romero de GoldQuest.
El mensaje fue claro: "Preferimos la agricultura. Dijimos no a la minería con responsabilidad y convicción."
Impactos sociales documentados